La delegación de Campmany Abogados en la capital se sitúa junto a los Juzgados de lo Social de Madrid, en la calle Princesa nº 3. Estas nuevas instalaciones se suman a las de la calle Muntaner de Barcelona, próximas a la Avenida Diagonal, desde donde se fundó este reconocido despacho. Desde estos dos emplazamientos, el bufete amplía su cobertura para expandirse a toda la geografía española, incluyendo las islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
“Dependiendo de la provincia desde donde el cliente necesita nuestra ayuda, lo coordinamos desde una de las dos ubicaciones”, señala Jorge Campmany. La atención presencial, además, se combina con la gestión telemática de los casos, mecanismo que ha permitido a la empresa una gestión eficiente y rápida de los expedientes procedentes de fuera de Madrid o Barcelona.
Desde sus oficinas de Barcelona, Campmany Abogados presta servicio presencialmente a clientes de cualquiera de las cuatro provincias de Cataluña. Pero también a las personas que viven en Castellón o Zaragoza. Y en el gabinete madrileño se trabajan de forma directa los casos surgidos en la Comunidad de Madrid o en cada una de estas provincias cercanas: León, Palencia, Valladolid, Segovia, Ávila, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Ciudad Real.
Las solicitudes del resto de zonas del país se tramitan de forma telemática, “pero con el mismo compromiso y dedicación. Y los honorarios son los mismos independientemente de la provincia. Apostamos por una absoluta equidad en ese sentido”, concluye su director. Su labor de conseguir pensiones de incapacidad permanente que han sido denegadas por la Seguridad Social -especialidad de la firma- cobra ahora dimensión nacional, con el objetivo de ayudar a muchas más personas que no pueden trabajar debido a su estado de salud.
