Según datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OiReScon), en 2018 se aprobaron cerca de 120.000 contratos con el sector público y se estima que en 2019 las cifras hayan sido similares.
Muchas empresas en España dedican en exclusiva su actividad a trabajar con el sector público y se están viendo afectadas por las medidas tomadas para estabilizar la curva de contagios. Si a esto se le suma el periodo medio de pago de los diferentes órganos de la Administración Pública, la situación se agrava.
Para entender mejor la situación a la que se enfrentan los proveedores actuales, hay que recordar que en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se establece que la Administración debe pagar como máximo dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o entrega de los productos y que deberá aprobar las certificaciones de obra, equivalentes o la prestación de servicios dentro de los 30 días siguientes a la entrega o prestación. Por todo ello, el plazo de pago de la Administración es como máximo de 60 días.
Sin embargo, es habitual encontrarnos con multitud de entes cuyos plazos de pago se alargan por encima de lo establecido en la Ley y muchos otros casos en los que, incluso cumpliéndose los plazos de pago marcados por la normativa, los proveedores de la administración necesitan hacer líquidas sus facturas para hacer frente a sus obligaciones.
Ante la situación actual, es más que probable que los plazos de pago de la Administración Pública se amplíen, motivados por dos efectos:
El primero de ellos depende de cómo la capacidad de teletrabajar de los empleados públicos pueda afectar a los plazos de tramitación y pago de las administraciones. Cabe esperar que, aunque se están haciendo importantes esfuerzos para facilitar el teletrabajo por la Administración Pública, la operativa habitual de pagos e incluso cobros por parte de los entes públicos se vea afectada.
Es muy probable, además, que la operativa de cobros se vea seriamente afectada. La recaudación bajará o se retrasará motivada por la carencia de personal y fundamentalmente por las medidas que adopten las administraciones para flexibilizar el pago de tributos y obligaciones. Hasta ahora el Gobierno ha hecho algunos anuncios tendentes a ello, pero apenas hay medidas concretas.
¿Cómo pueden superar la crisis los proveedores del sector público?
En estos momentos, más que nunca, la gestión de la tesorería de las empresas es de vital importancia. Sin embargo, como se ha planteado anteriormente, los proveedores del Sector Público ven comprometida su liquidez porque, aunque ya han desempeñado sus trabajos, deben esperar a que la Administración Pública haga frente al pago de las facturas mientras que el resto de las obligaciones no pueden esperar.
Aunque el Gobierno ha anunciado medidas de apoyo para las empresas y autónomos afectados, la burocracia puede jugar en contra de los proveedores, ya que lo que las empresas necesitan en estos momentos es agilidad y soluciones urgentes.
La entidad financiera BORROX es especialista en la financiación de proveedores del sector público y garantiza liquidez a estos en un plazo máximo de cuatro días. Lo mejor de su forma de trabajar es que la gestión es 100% online, por lo que se evitan desplazamientos innecesarios. Además, desde la empresa mantienen una política de precios transparentes, sin costes ocultos ni comisiones de apertura, mantenimiento o cancelación de líneas.
Buena muestra de la especialización que tiene BORROX en la financiación de facturas con todo tipo de entes públicos, lo demuestra el lanzamiento en mayo de 2019 de un Fondo junto con EBN Banco. EBN Zepa Sector Público 1, F.T. es un Fondo de Titulización inscrito en la CNMV y especializado en la compra facturas cuyos deudores tengan la consideración de entes públicos y en las condiciones más favorables del mercado.
Hay que recordar que la financiación no bancaria como la que ofrece BORROX, no consume CIRBE y por tanto no computa como endeudamiento para sus solicitantes, por lo que cuenta con esa gran ventaja con respecto a otras opciones de financiación como puedan ser préstamos bancarios, aun contando estos con el apoyo gubernamental a través del ICO.
