El inicio de 2015 se ha cobrado el cierre de un número importante de comercios regentados por autónomos en España, tal y como preveía la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).
Así, en los dos primeros meses del año se produjo un descenso en los registros de la Seguridad Social de 4.791 autónomos del sector del comercio y de talleres de reparación del automóvil, especialmente en enero, cuando el descenso fue de 3.651 comerciantes autónomos.
Aunque según la UPTA, enero suele ser proclive a estos descensos, la intensidad de la caída durante el primer mes de 2015 supera en casi 1.000 autónomos el descenso cosechado un año antes –en febrero de 2014, el sector incluso aumentó en 387 activos–.
A tenor de estos datos, la UPTA estima que del total de 2.471 comerciantes autónomos más que han cerrado en este periodo temporal de 2015 con respecto a 2014, se puede confirmar que el 50% proviene del efecto de la finalización de los contratos de renta antigua, es decir 1.235.
Andalucía, con 357 casos, Madrid, con 196, y Valencia, con 136, encabezan el número de cierres según estas estimaciones. En el lado opuesto, y a pesar de ser la comunidad en la que hay un mayor número de comerciantes autónomos el dato es menor en Cataluña, con 125 cierres, “debido a las medidas preventivas adoptadas, en particular, por el Ayuntamiento de Barcelona”, señalan desde UPTA.
Litigios con los propietarios
La organización también ha explicado que un buen número de comercios afectados por el final de sus contratos de renta antigua han optado por continuar la actividad, bien porque los propietarios no han notificado el cambio de condiciones, bien porque los afectados se han opuesto a la modificación, encontrándose en esos casos en diferentes momentos procesales. Aunque la UPTA no ha cuantificado estos últimos casos, sí ha señalado que “conoce al menos varios cientos que se tendrán que ir resolviendo en el transcurso del año”.
Por último, la UPTA ha anunciado la puesta en marcha de un servicio a través de su web con el fin de recoger la información de los comerciantes que pudieran estar afectados y ponerlos en contacto con los servicios jurídicos que atienden estos casos.
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