El pasado jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Ley para el Fomento del Trabajo Autónomo y la Economía Social que modifica y actualiza toda la normativa en materia de autoempleo y adopta medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social. Se espera que la entrada en vigor de esta ley ayude a crear 550.000 autoempleados hasta 2019.
La nueva Ley para el Fomento del Autoempleo recoge diversos incentivos que hasta ahora se hallaban dispersos en diferentes normativas, y los agrupa en la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo y en la Ley de Economía Social, que entrarán en vigor 30 días tras la publicación en el BOE.
Según Sebastián Reyna, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), “el contenido de la nueva ley en esta materia avanza de manera sustantiva en el reconocimiento de derechos para los trabajadores autónomos”, si bien desde la asociación se estima que ahora lo urgente es que el Ministerio de Empleo y las comunidades autónomas “articulen los modelos definitivos de participación y apliquen presupuestos suficientes para hacer realidad los contenidos de la nueva Ley”.
La normativa promulgada amplía los incentivos existentes a otros colectivos y pone en marcha nuevas medidas para impulsar el autoempleo, individual o colectivo, y para apoyar el trabajo autónomo.
Se amplía la Tarifa Plana
Una de las principales novedades es el retoque de la Tarifa Plana para Autónomos. La nueva ley fija la cuantía de la cuota por contingencias comunes en 50 euros durante seis meses; también amplía el incentivo para aquellos que inicien una actividad por cuenta propia y con posterioridad contraten a trabajadores por cuenta ajena, y extiende los supuestos de la Tarifa Plana Especialmente Protegida a las víctimas del terrorismo y la violencia de género. Además, tanto a éstas como a las personas con discapacidad la reducción de la cotización se amplía hasta 12 meses.
Por otro lado, el texto extiende con independencia de la edad del solicitante, la posibilidad de capitalizar hasta el 100% de la prestación por desempleo para facilitar la inversión y los gastos iniciales para emprender una actividad por cuenta propia. Esta se podrá capitalizar en un único pago, bien solo una parte y utilizar el resto para el abono de cuotas a la Seguridad Social, o bien destinando el total de la prestación al abono de las cuotas sociales.
Para favorecer la seguridad del emprendedor y facilitarle una segunda oportunidad, se amplía el plazo, desde los 24 hasta los 60 meses para la reanudación de la prestación por desempleo una vez iniciada una actividad por cuenta propia a todos los trabajadores con derecho a prestación.
Protección de los autónomos
La nueva Ley introduce la posibilidad de que los autónomos económicamente dependientes, aquellos que perciben al menos el 75% de sus ingresos de un único cliente o empresa, puedan contratar un trabajador en determinadas circunstancias relacionadas con la conciliación de la vida familiar y laboral. Esto permitirá situaciones no deseables como el hecho de que se llegue a considerar una caus justificada de extinción del contrato la maternidad o paternidad, cuando cause un perjuicio al cliente-
Por último, también se amplían los incentivos previstos para los familiares colaboradores que podrán beneficiarse de una bonificación en las cuotas de la Seguridad Social en RETA durante 24 meses: del 50% los primeros 18 meses y del 25% durante los seis meses adicionales.
Economía Social
Con el objetivo de facilitar la incorporación de nuevos socios a las entidades que forman parte de la Economía Social, el nuevo proyecto de Ley amplía las bonificaciones a todos los tramos de edad. Para los mayores de 30 años (35 con discapacidad igual o superior al 33%) se crea una bonificación de 800 euros al año durante un máximo de tres.
En el caso de menores de 30 años, la cuantía de la bonificación se amplía a 1.650 durante el primer año. Por su parte, las empresas de inserción que contraten a personas en situación de exclusión social mantienen una bonificación de 850 euros al año durante un máximo de tres.
La nueva ley pretende, igualmente, apoyar a los trabajadores con mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral, por lo que recoge una nueva bonificación en las cuotas empresariales para los trabajadores de empresas ordinarias que procedan de empresas de inserción. De esta forma, las empresas ordinarias verán ampliada la bonificación prevista actualmente a 1.650 euros el primer año, frente a los 600 previstos en la actualidad (o 500 en caso de contratos temporales).
