El Ministerio de Justicia estudia la eliminación de la obligación de pago de tasas, al menos en primera instancia, para las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos, según publica Europa Press.
En estos momentos el departamento que dirige Rafael Catalá está ultimando su proyecto de revisión del actual sistema de tasas impulsado por su predecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón y uno de los puntos que se están barajando es la exención de dichos pagos a pymes y autónomos.
De aprobarse la medida, la eliminación del pago de tasas afectaría a aquellas empresas que no superen los 250 trabajadores y alcancen un volumen de negocio inferior a los 50 millones de euros. El gravamen se mantendría para el resto de sociedades y empresas.
Además, la modificación también pretende beneficiar a las personas físicas afectadas por dichas tasas, en consonancia con las demandas planteadas por sectores como la abogacía.
La Ley de Tasas en la Administración de Justicia ya tuvo que ser modificada tras un informe crítico de la Oficina del Defensor del Pueblo apenas tres meses después de su aprobación, en noviembre de 2012. Dicha revisión optó por rebajar ciertas cuantías y exonerar de su pago en determinados trámites, como separaciones o divorcios de mutuo acuerdo.
No obstante, esta primera modificación continuó siendo criticada por el Consejo General de la Abogacía, puesto que, en su opinión, no modificaba la cuantía fija de las tasas –de hasta 1.200 euros– ni la aplicación de a cuantía variable en función de la capacidad económica del pagador. Unas tasas cuyo importe ascendía a 2.800 euros en casos como un recurso de apelación civil.
Tras la dimisión de Gallardón el nuevo ministro anunció que las tasas volverían a revisarse y ya está ultimando dicha modificación antes de presentarla al Consejo de Ministros, a falta de contar con el visto bueno del Ministerio de Hacienda.
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